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Área responsable de cuestiones inherentes al Derecho Público, particularmente en lo que respecta a las relaciones jurídicas bilaterales firmadas entre la administración pública y la privada, sea en el ámbito Federal, Estatal/Provincial/Departamental o Municipal.
Principales actividades desarrolladas:
• Elaboración y revisión de contratos administrativos de obras públicas, de servicios, suministro, concesiones, administración y otros contratos afines;
• Asesoría legal en procesos de licitación, en las modalidades de licitación, consorcio de empresas, procesos de precualificación, recolección de precios, registros catastrales, convite y otras modalidades afines, examinando los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o en la carta de invitación para participar en esos procesos, obteniendo, aun, toda la documentación requerida;
• Asesoría legal en procesos de licitación internacional para firmas extranjeras que pretendan participar de proyectos en Brasil, que ofrece todo el apoyo esencial para la comprobación de la autorización de funcionamiento y puesta en operación en Brasil, así como la demostración de la regularidad de su constitución y plenitud de la capacidad jurídica como empresa técnica, industrial o comercial;
• Asesoría legal en contratos de concesión de servicios públicos y permisión de servicios y/o utilización de bienes públicos;
• Elaboración de defensas y recursos administrativos ante los organismos competentes a fin de lograr la anulación de procesos de licitaciones, extendiéndose, cuando necesario, al ámbito judicial, con seguimiento de los procesos hasta la sentencia definitiva;
• Asesoría en procesos de intervención en la propiedad privada, principalmente en los casos de desapropiación, analizando la competencia y la validez de los requisitos del proceso expropiatorio y la ocurrencia de desvío de finalidad, con el objetivo de anulación de la desapropiación, elaborando, cuando sea el caso, defensas y recursos para asegurar una indemnización justa; y
• Representación ante los Ministerios, Secretarías de Estado, Entes Autárquicos, Empresas Públicas y Agencias Reguladoras.
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